Hasta la fecha, el m\u00e9todo de comprobaci\u00f3n del valor real de inmuebles consiste en multiplicar el valor catastral por un coeficiente, salvo que se complemente con una comprobaci\u00f3n directa por parte de la Administraci\u00f3n del inmueble concreto sometido a valoraci\u00f3n. Este m\u00e9todo ha llevado a regularizaciones por parte de las Haciendas Auton\u00f3micas, en relaci\u00f3n sobre todo al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.<\/p>\n
El caso que abri\u00f3 la v\u00eda del Tribunal Supremo fueron cuatro sentencias recurridas por la Junta de Castilla-La Mancha, que pretend\u00edan elevar el valor del inmueble declarado en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales a varios contribuyentes. \u00c9stos hab\u00edan adquirido en el a\u00f1o 2012 inmuebles en el municipio de Sese\u00f1a por precios irrisorios, dada la situaci\u00f3n en que se encontraba la urbanizaci\u00f3n en la que se ubicaban.<\/p>\n
El m\u00e9todo de coeficiente catastral perjudica especialmente a compradores que adquieren a precios reducidos debido a la realidad del mercado. Por ello, la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo ha establecido que \u201cel m\u00e9todo de comprobaci\u00f3n consistente en la estimaci\u00f3n por referencia a valores catastrales, multiplicados por \u00edndices o coeficientes (art\u00edculo 57.1.b) de la Ley General Tributaria) no es id\u00f3neo, por su generalidad y falta de relaci\u00f3n con el bien concreto de cuya estimaci\u00f3n se trata, para la valoraci\u00f3n de bienes inmuebles en aquellos impuestos en que la base imponible viene determinada legalmente por su valor real, salvo que tal m\u00e9todo se complemente con la realizaci\u00f3n de una actividad estrictamente comprobadora directamente relacionada con el inmueble singular que se someta a aval\u00fao.\u201d<\/p>\n
A\u00f1ade que la aplicaci\u00f3n de ese m\u00e9todo de comprobaci\u00f3n \u201cno dota a la Administraci\u00f3n de una presunci\u00f3n reforzada de veracidad y acierto de los valores incluidos en los coeficientes, figuren en disposiciones generales o no\u201d, as\u00ed como que \u201cla aplicaci\u00f3n de tal m\u00e9todo para rectificar el valor declarado por el contribuyente exige que la Administraci\u00f3n exprese motivadamente las razones por las que, a su juicio, tal valor declarado no se corresponde con el valor real, sin que baste para justificar el inicio de la comprobaci\u00f3n la mera discordancia con los valores o coeficientes generales publicados por los que se multiplica el valor catastral.\u201d<\/p>\n
El Tribunal Supremo subraya que no es el contribuyente quien debe soportar la carga de la prueba respecto al valor real declarado: \u201cel interesado no est\u00e1 legalmente obligado a acreditar que el valor que figura en la declaraci\u00f3n o autoliquidaci\u00f3n del impuesto coincide con el valor real, siendo la Administraci\u00f3n la que debe probar esa falta de coincidencia.\u201d<\/p>\n
Por consiguiente, para oponerse a la valoraci\u00f3n del bien derivada de la comprobaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n basada en el medio consistente en los valores catastrales multiplicados por \u00edndices o coeficientes, el interesado puede valerse de cualquier medio admisible en derecho, debiendo tenerse en cuenta lo establecido sobre la carga de la prueba que recae en la Administraci\u00f3n.<\/p>\n
El impacto que ha tenido esta Sentencia en el m\u00e9todo de valoraci\u00f3n que aplica la Agencia Tributaria es demoledor, y es de esperar una respuesta en breve del legislador que suponga un cambio de rumbo en la direcci\u00f3n establecida por el Tribunal Supremo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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