La acci\u00f3n de responsabilidad por deudas siempre ha tenido un papel protagonista dentro de los litigios societarios. Desde su introducci\u00f3n en 1985, la responsabilidad por deudas nunca se ha perfilado claramente, pero desde el primer momento se vio como un poderoso instrumento de protecci\u00f3n del cr\u00e9dito del acreedor societario.<\/p>\n
De acuerdo con el art\u00edculo 367 de la Ley de Sociedades de Capital, los administradores de una sociedad responden de las deudas sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disoluci\u00f3n si, estando la sociedad incursa en causa de disoluci\u00f3n obligatoria, no convocan la Junta general en el plazo de dos meses para que la Junta pueda acordar la disoluci\u00f3n o, si convocada la Junta, no acordase la disoluci\u00f3n y no la solicitasen judicialmente.<\/p>\n
Por lo tanto, una de las importantes responsabilidades del administrador es promover en el plazo legal la disoluci\u00f3n de la sociedad. En caso contrario, estar\u00e1 incurriendo en la falta de diligencia, y consecuentemente se le imputar\u00e1 la responsabilidad solidaria por las deudas contra\u00eddas con posterioridad al momento en que debiera solicitar la disoluci\u00f3n.<\/p>\n
Sobre la determinaci\u00f3n del \u201cdies a quo\u201d para el c\u00f3mputo del plazo que determina el nacimiento de la responsabilidad de los administradores, la jurisprudencia entiende que el plazo de dos meses para el cumplimiento del deber de convocar Junta para acordar la disoluci\u00f3n se computa desde que el administrador tiene conocimiento de la concurrencia de la causa de disoluci\u00f3n en t\u00e9rminos de normalidad econ\u00f3mica y contable, seg\u00fan el principio de exigencia de intencionalidad o negligencia que, ce\u00f1ido a la conducta de omisi\u00f3n de la convocatoria para la disoluci\u00f3n de la sociedad, rige en este tipo de responsabilidad y conduce a la necesidad de tener en cuenta el conocimiento -o deber de conocimiento- por los administradores de la situaci\u00f3n de p\u00e9rdidas.<\/p>\n
Resulta importante remarcar que responder\u00e1n solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disoluci\u00f3n los administradores que incumplan la obligaci\u00f3n de convocar en el plazo de dos meses la Junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disoluci\u00f3n, as\u00ed como los administradores que no soliciten la disoluci\u00f3n judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebraci\u00f3n de la Junta, cuando \u00e9sta no se haya constituido, o desde el d\u00eda de la Junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disoluci\u00f3n.<\/p>\n
Por todo ello, para valorar si existe responsabilidad personal y solidaria del administrador, la cuesti\u00f3n decisiva es si la deuda social cuyo pago se reclama a los administradores es una deuda posterior o no a que se hubiera producido la causa de disoluci\u00f3n y, en consecuencia, los administradores devinieran obligados a promover \u00e9sta y se convirtieran en responsables de todas las deudas sociales. Hay que tener en cuenta que el mencionado art\u00edculo 367 convierte en fiadores a los administradores.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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