La Ley Concursal regula en su art\u00edculo 55 el efecto que ha de surtir la declaraci\u00f3n de concurso de acreedores sobre las ejecuciones y apremios. En su apartado 1, el art\u00edculo 55 establece como regla general la imposibilidad de iniciar ejecuciones singulares, y en su apartado 2 el precepto fija como norma la suspensi\u00f3n de las actuaciones que estuvieran en tramitaci\u00f3n, todo ello encaminado a salvaguardar la integridad del patrimonio del deudor y dotar de eficacia a la soluci\u00f3n colectiva a alcanzar a trav\u00e9s del procedimiento concursal.<\/p>\n
Se excepcionan de la indicada norma general, las ejecuciones laborales y los apremios administrativos en que se hubieren embargado bienes del concursado con anterioridad a la fecha de la declaraci\u00f3n del concurso. En estos casos la ley permite continuar con la ejecuci\u00f3n separada, pero la misma se halla doblemente limitada.<\/p>\n
Por un lado, la ejecuci\u00f3n tan solo podr\u00e1 seguirse contra aquellos bienes concretos que no sean necesarios para continuar con la actividad empresarial del concursado, siendo preciso a tal efecto el pronunciamiento del juez del concurso.<\/p>\n
Y por otro lado, existe una limitaci\u00f3n temporal por cuanto la ejecuci\u00f3n podr\u00e1 continuarse s\u00f3lo hasta el momento en que el Juzgado Mercantil apruebe el plan de liquidaci\u00f3n.<\/p>\n