Tradicionalmente, el mundo del derecho ha distinguido entre dos tipos de personas: la persona física y la persona jurídica.
Si bien el concepto de persona física no necesita mayor consideración, al tratarse de aquel individuo de la especie humana sujeto de derechos y obligaciones, sí que es preciso destacar los motivos del surgimiento de la persona jurídica.
A diferencia de la persona física, la persona jurídica no es algo que podamos ver o tocar, sino que se trata de una ficción jurídica creada por el Derecho. Ya en la antigua Roma, los juristas que sentaron las bases de nuestro Derecho, vieron la necesidad de crear un nuevo individuo o institución no-humano que pudiera ser sujeto de derechos y de obligaciones.
Así fue como se creó la persona jurídica y se resolvió la necesidad práctica de que un colectivo de personas actuara en el tráfico jurídico por medio de un ente no-humano. Sin esta invención, seguramente la sociedad capitalista que hoy vivimos no existiría.
Haciendo un ejercicio de imaginación, quiero advertir que, sólo quizás, dentro de algún tiempo, habrá que añadir a la distinción inicial de este artículo otro tipo de persona: la persona electrónica o persona robótica.
Antes de tacharme de iluminado, quisiera recordar al lector que, ya a partir de la década del 1930, los robots pasaron de la ciencia-ficción a la vida cotidiana. Es en esa época cuando empiezan a aparecer asistentes electrónicos tales como máquinas de café, aspiradoras, robots de cocina, etc.
Desde los años 30 hasta la actualidad, los robots han ido evolucionando a pasos agigantados hasta convivir en la actualidad con coches autónomos, nano-robots que exploran el cuerpo humano para diagnosticar enfermedades, ‘chatbots’, drones no tripulados, brazos robóticos articulados en fábricas e industrias… etc.
La principal diferencia entre los robots de los años 30 y los de la actualidad es el desarrollo de su inteligencia artificial y, en consecuencia, el incremento de su autonomía y su cada vez menor dependencia de la injerencia humana.
Es precisamente este progreso de la inteligencia artificial lo que ha hecho que algunas voces expertas en la materia alcen la voz y reclamen una normativa que regule cómo será la relación entre los humanos y los robots.
En este sentido, existe una propuesta de resolución del Parlamento Europeo 2015/2103 (INL) con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre robótica.
Este informe mantiene la opinión de que “cuanto más autónomos sean los robots, menos se los podrá considerar simples instrumentos en manos de otros agentes (como el fabricante, el propietario, el usuario, etc.); que, debido a esto, la normativa general sobre responsabilidad resulta insuficiente y precisa de nuevas normas que se centren en cómo una máquina puede considerarse parcial o totalmente responsable de sus actos u omisiones; que, como consecuencia de ello, resulta cada vez más urgente abordar la cuestión fundamental de si los robots deben tener personalidad jurídica;”
El informe abre la posibilidad de crear una nueva personalidad jurídica, según se desprende del siguiente párrafo: “crear una personalidad jurídica específica para los robots, de modo que al menos los robots autónomos más complejos puedan ser considerados personas electrónicas con derechos y obligaciones específicos, incluida la obligación de reparar los daños que puedan causar; la personalidad electrónica se aplicaría a los supuestos en que los robots puedan tomar decisiones autónomas inteligentes o interactuar con terceros de forma independiente.”
Aunque todo esto pueda parecer ciencia-ficción, no podemos obviar que el impacto de los robots en nuestra sociedad será cada vez mayor. Si bien es cierto que a día de hoy no existe una inteligencia artificial fuerte que les pueda dar autonomía completa, es necesario que el mundo del Derecho investigue sobre la posibilidad de crear un nuevo ente que sea sujeto de derechos y obligaciones, para así adaptarse a la realidad social de cada momento y fomentar el progreso.
